España es un país de festivales, pero necesita una regulación inmediata. A nadie se le escapa que, de una manera más o menos definida, ya existe el turismo musical, un fenómeno relativamente nuevo que está directamente relacionado con el crecimiento de los festivales en los últimos años en nuestro país. Afecta directamente a las ciudades por su impacto económico y social. Sin embargo, a finales de 2018, este sector adolece de una legislación propia y tiene importantes lagunas que amenazan con deteriorar su buena salud.

Estos eventos son uno de los pilares que sostienen los datos de la música en directo en nuestro país. Según el último anuario de la SGAE, la música popular en vivo recaudó 329 millones de euros en 2017, la cifra más alta desde que se empezaron a registrar en 1998 y los festivales tienen buena parte de culpa. Desde 2010, el aumento de la música en directo ha sido del 56% gracias al Primavera Sound, Mad Cool, BBK, FIB, Sónar, Sonorama, Arenal Sound y demás certámenes. Tanto es así que hay un hecho ilustrativo en las cifras de la SGAE: cerca de 70 macrofestivales de 2017 en España recaudaron más (unos 173 millones) que todos los 87.000 conciertos celebrados juntos en nuestro país (155 millones).

No es una cuestión para tomarse a la ligera, ni dejarla en manos incompetentes. Por lo pronto, habría que definir qué es realmente un festival y qué clase de regulación debe tener. La Asociación de Promotores Musicales  (APM) reconoce que no se tienen cifras oficiales del número exacto de festivales. Unos hablan de más de 1.000, otros lo rebajan a la mitad, pero, mientras tanto, todo vale. A partir de una escala menor del evento, se diluye todo. Cualquier cita con más de un par de artistas o grupo puede pasar por un festival, generando una realidad ficticia. Toda industria competente no se puede permitir realidades ficticias porque se cuelan con más facilidad las iniciativas mal gestionadas, que terminan por cancelarse o cometer errores fatales. Por tanto, es necesario saber cuál es el mapa real de los festivales españoles.

A partir de ahí, también es necesario una regulación propia. Un informe del Sindicato de Música, llamado FestiLeaks,denuncia “la penosa situación que se da en la actualidad en la mayoría de los festivales”. Gracias a la colaboración de muchos trabajadores –la mayoría de forma anónima por miedo a perder sus puestos laborales o porque operan cláusulas de confidencialidad-, el informe critica duramente “el secretismo” de estos eventos musicales, que no tienen ningún problema en facilitar datos de recaudación y asistencia de público –en varias ocasiones inflados-. “Hay todo un misterio del convenio laboral que aplican. No quieren proporcionar la información”, asegura David Aristegui, portavoz de CNT en Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos.

Convendría poner sobre las mesas de trabajo y de debate esta problemática. Los promotores musicales españoles han demostrado una destacada profesionalización para crear festivales de primer nivel con carteles atractivos y competitivos y con variedad de ofertas de ocio. Ahora, les toca demostrar que les importa de verdad profesionalizar al sector de la música en lo relativo a festivales. Porque urge una regulación. Todos saldrán ganando.