Un total de 199.401 personas están afectadas por las 27.177 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor tramitadas hasta el 17 de abril ante la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias con motivo del estado de alarma por Covid-19.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ha informado además de que los ingresos por el IGIC han caído en marzo un 66 % respecto al mismo mes del año pasado, y para 2020 está prevista una disminución del 69,7% de la recaudación por toda la fiscalidad autonómica, con un descenso en 667 millones de euros.

Según los datos de la Dirección General de Trabajo, el 45,4 % de los ERTE por causa de fuerza mayor registrados está vinculado de manera directa al sector turístico, con 12.359 expedientes presentados que afectan a un total de 113.795 trabajadores, el 57 % del total de las afectadas.

Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 31,65 % y el 25,82 % del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,73%).

A continuación figuran transporte y almacenamiento (6,99 %); actividades administrativas y servicios auxiliares (4,16 %); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (3,98 %); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,95 %); construcción (3,73 %); industria manufacturera (3,3 %) y educación (3,15 %).

Por sectores económicos, los de hostelería (31,7 %), comercio (25,8 %) y resto de servicios (35 %) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

La mayoría de solicitudes (98,2%) corresponde a empresas de entre 1 y 50 empleados, con 26.346 expedientes.

Solo las de entre 1 y 5 trabajadores acumulan 20.201 solicitudes, el 75,28% del total.

En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 45,03 % de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 37,94 % personas físicas; un 6,2% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,56 % personas físicas extranjeras residentes y un 2,46 % sociedades anónimas.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de cinco días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo.

De manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores.

La titular de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, ha defendido que es necesario prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor en el sector turístico más allá de la declaración del estado de alarma y ha considerado imprescindible elaborar un “plan de choque específico” para las islas.

“El turismo no se va a recuperar de un día para otro y necesitará medidas de acompañamiento específicas para su reactivación”, según la consejera, quien ha pedido también que se permita el endeudamiento públicos y “un compromiso claro, solidario y contundente de la Unión Europea a favor de la liquidez de los Estados que la integran”.